Durante años, la Corte Penal Internacional (CPI) reunió informes, relatos de víctimas y documentación sobre la represión en Venezuela. Pero le faltaba una pieza clave: la palabra de alguien que hubiera estado en el corazón del poder. Ese vacío empezó a cubrirse el 18 de febrero de 2026, con la filtración del testimonio que Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ofreció ante el tribunal de La Haya mientras permanecía arrestado en España.
Las declaraciones de Carvajal no provienen de un observador lejano ni de una víctima que vio los hechos desde la vereda opuesta. Son las confesiones de un general que, durante más de siete años, ocupó “una posición privilegiada sobre la política tras bambalinas del régimen venezolano”. Y lo que revela en los audios, revelados inicialmente por el periodista David Placer y difundidos ampliamente por medios como El Nacional y Seguimiento.co, es un mapa detallado de cómo se montó y ejecutó la maquinaria represiva que dejó decenas de muertos en las protestas de 2014 y 2017.
La confesión: “Ningún ministro se atrevería a provocar muertes sin que el presidente haya dado la orden”
Uno de los momentos más explosivos del testimonio de Carvajal es el que disipa cualquier duda sobre la cadena de mando. Durante años, la narrativa oficial del chavismo intentó presentar los episodios de violencia como excesos aislados de cuerpos de seguridad desbordados o como enfrentamientos entre manifestantes. Carvajal derrumba esa versión con un argumento demoledor: en la estructura vertical del poder venezolano, nada de esa magnitud ocurría sin la aprobación del máximo mandatario.
“Basado en mi experiencia de más de siete años al frente de la Inteligencia y Contrainteligencia militar venezolana (…) puedo testificar que ningún ministro se arriesgaría jamás a provocar muertes en manifestaciones, ni siquiera accidentales, sin que el presidente haya ordenado lo contrario”, afirmó el exalto mando ante la fiscalía de la CPI.
Esta aseveración no es menor. En el derecho penal internacional, demostrar la “responsabilidad de mando” es esencial para elevar una acusación por crímenes de lesa humanidad. Carvajal no solo señala a Nicolás Maduro como el responsable último, sino que describe el mecanismo: “Más aún, en la práctica la estrategia en esa materia de orden público la definió Maduro desde que asumió el poder y comunicó al ministro, en público, que cualquier protesta debía ser reprimida”.
La doble estructura: Cuando el Estado se vuelve paramilitar
El exdirector de la Dgcim explicó ante la CPI que el control de las protestas en Venezuela operaba bajo dos modalidades perfectamente diferenciadas pero complementarias:
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El control formal: Utilizaba los organismos oficiales destinados por ley a atender el orden público, como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin embargo, incluso en este ámbito formal, Carvajal asegura que Maduro mantenía comunicación directa con estos cuerpos para “redireccionar las acciones del orden público”, asegurándose de que la respuesta fuera siempre contundente.
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El control informal: Este es el aspecto más sombrío y revelador de su testimonio. Carvajal describe la existencia de un aparato represivo que operaba “al margen de la ley”, ejecutado por “organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”. Se refiere a los conocidos “colectivos” armados, grupos que, según su declaración, eran coordinados desde el poder para infiltrar manifestaciones, sembrar el terror y ejecutar la violencia más explícita, permitiendo al Estado mantener una fachada de legalidad mientras la sangre corría por las calles.
Esta “doble estructura” no era un secreto bien guardado; era una política de Estado. Como lo expresa Carvajal, Maduro necesitaba “demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias”.
La lista de los señalados: Los nombres detrás de la represión
Cuando la CPI solicitó a Carvajal que identificara a los responsables con mayor participación en los crímenes, el exgeneral no dudó en proporcionar una lista que lee como un quién es quién del chavismo en su etapa más dura. Entre los señalados se encuentran:
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Nicolás Maduro, como la mente y la voz que daba las órdenes.
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Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal, a quienes señala como integrantes del “comando antigolpe”, una estructura paralela que coordinaba las acciones contra la oposición.
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Néstor Reverol, a quien acusa de un papel especialmente retorcido: ordenar al CICPC manipular las experticias criminalísticas para “inculpar a los manifestantes” y exonerar de responsabilidad a los organismos de seguridad.
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Tareck El Aissami, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y los comandantes de la PNB de 2014 y 2017.
La metodología para garantizar la impunidad también quedó al descubierto. Carvajal explicó a la fiscalía un principio fundamental del modus operandi chavista: “Debo hacer de su conocimiento que toda orden ilegal dada dentro del régimen nunca se daría por escrito. Son órdenes verbales directas”. Por eso, su testimonio oral adquiere un valor probatorio incalculable: es la llave que abre la puerta a lo que nunca quedó registrado en documentos oficiales.
“Candelita que se apaga”: La frase que se convierte en evidencia
Quizás el elemento más escalofriante y a la vez más clarificador del testimonio de Carvajal es cuando contextualiza una frase que los venezolanos escucharon en cadena nacional pero cuyo verdadero significado solo conocían los altos mandos. “Habría que recordar la frase ‘candelita que se prende, candelita que se apaga’. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta”.
Lo que para la audiencia podía sonar a una metáfora vulgar, dentro de la estructura de seguridad se interpretaba como una autorización explícita para usar la fuerza letal. Es la prueba de que el lenguaje público del poder ocultaba órdenes concretas de muerte y destrucción.
El contexto inédito: Acusador y acusados, bajo la misma jurisdicción
La revelación de este testimonio se produce en un escenario judicial sin precedentes. Tal como destacan los reportes de Seguimiento.co y Mundo24, tanto Hugo Carvajal como Nicolás Maduro se encuentran actualmente bajo custodia federal en Estados Unidos.
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Nicolás Maduro fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero y espera juicio en Nueva York por narcotráfico, con una audiencia clave programada para el 26 de marzo.
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Hugo Carvajal enfrenta su propio proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos similares. Su estrategia de cooperación, que incluye esta declaración ante la CPI y una carta enviada al presidente Donald Trump donde califica al chavismo como una “organización criminal”, busca una reducción significativa de su condena.
Esta coincidencia temporal y geográfica convierte el “Caso Venezuela” en un fenómeno jurídico único, donde el principal testigo de cargo contra la cúpula represora se sienta en el banquillo de los acusados a pocos kilómetros de distancia de aquellos a quienes señala.
Para las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de 2014 y 2017, el testimonio de Hugo Carvajal es mucho más que una noticia. Es la validación de años de denuncias ignoradas y la confirmación de que la represión no fue un accidente, sino una política deliberada. La CPI tiene ahora sobre su mesa una declaración que, por provenir de las entrañas del poder, tiene el peso de una confesión. El Pollo cantó, y su canto podría ser el epitafio judicial de la cúpula que él mismo ayudó a sostener.
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