La detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Venezuela. Lo que parecía impensable durante años se volvió realidad: el hombre que gobernó con puño de hierro durante más de una década fue trasladado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico y corrupción. Pero su captura fue solo el primer paso.
Ahora, la administración de Donald Trump ha fijado la mira en quienes quedaron atrás. Según publicó el diario ABC de España, la Casa Blanca entregó a Delcy Rodríguez, actual responsable del gobierno de transición, una nómina con nueve nombres que deben ser puestos a disposición de la justicia estadounidense. No se trata de una petición diplomática corriente, sino de una condición para avanzar en la normalización de relaciones, el alivio de sanciones y futuros pactos energéticos.
La táctica de Washington: cómo sortear la Constitución venezolana
La Carta Magna venezolana prohíbe la extradición de nacionales, un obstáculo legal que Estados Unidos ha decidido eludir con una estrategia de tres niveles meticulosamente diseñada. El objetivo es lograr la entrega chavistas sin pronunciar la palabra vedada.
El primer escalón consiste en obtener acceso inmediato a información. Funcionarios estadounidenses ya habrían comenzado a practicar entrevistas e interrogatorios en territorio venezolano, según fuentes consultadas por ABC. También revisan documentación financiera y administrativa que hasta hace poco era considerada secreta.
El segundo escalón implica la supervisión directa de las pesquisas. Equipos del FBI participan en los procesos de verificación, manteniendo esta colaboración en reserva para evitar costos políticos internos a Delcy Rodríguez. La discreción es clave en esta fase.
El tercer escalón es el más delicado. Se exploran mecanismos alternativos de traslado, como expulsiones administrativas o traslados por razones de seguridad. Estas figuras legales permitirían que los acusados sean juzgados en Nueva York sin mencionar la extradición. Para respaldar esta táctica, el gobierno de Trump ha ratificado la vigencia del tratado de extradición de 1922, un acuerdo centenario que ambas naciones firmaron y que sigue vigente.
Los nueve nombres que completan el rompecabezas
La lista confeccionada por el Departamento de Justicia responde a una lógica precisa: reunir a las piezas que permitan reconstruir la estructura de poder que sostuvo al chavismo durante más de dos décadas. Cada nombre tiene un rol específico en la trama.
Nicolás Maduro Guerra: el heredero del poder
Conocido popularmente como “Nicolasito”, el hijo mayor del exdictador encabeza la lista por una razón simple pero contundente: su conocimiento del círculo íntimo del poder. Durante años operó como enlace entre su padre y sectores militares, además de gestionar patrimonios y propiedades que ahora son objeto de investigación. Los fiscales estadounidenses buscan en él la llave para desentrañar comunicaciones y movimientos financieros que solo alguien del entorno familiar más cercano puede conocer.
Alex Saab: el hombre que sabía demasiado
La trayectoria de Alex Saab es bien conocida: de empresario textil a “hombre de confianza” y finalmente ministro. Su papel como intermediario en contratos sobrevalorados y su dominio de los entramados offshore lo sitúan en el centro de la madeja financiera. Descrito por fuentes judiciales como “el hombre que sabe dónde está el dinero”, su interrogatorio ya está en marcha y busca confirmar la ruta de los fondos desviados a través de paraísos fiscales. La información que posee podría derribar a varios de sus antiguos aliados.
Raúl Gorrín: el arquitecto del desfalco
El propietario de Globovisión no es un empresario convencional. Su banco, el Banco Peravia, fue señalado por el Tesoro de EE.UU. como una pieza clave en el esquema de desvío de divisas a través del control cambiario. Para los fiscales estadounidenses, Gorrín personifica la “arquitectura del control de cambios” que permitió desviar miles de millones de dólares de PDVSA a través de sobornos y sociedades pantalla. Su entrega permitiría reconstruir cómo operaba el engranaje financiero ilegal durante los años más duros de la crisis venezolana.
Tareck El Aissami: el ministro total
Exministro de Petróleo, exvicepresidente y exgobernador, El Aissami acumuló poder como pocos. Su detención en Venezuela en 2024 por la trama PDVSA-Cripto no ha impedido que Washington lo reclame. Al contrario, su caída en desgracia lo convierte en un colaborador forzoso: ya no tiene protección y podría revelar cómo operaba el sistema de sobornos a cambio de contratos. Su conocimiento de las operaciones petroleras y las redes internacionales de corrupción es invaluable para la fiscalía.
Samark López Bello: el testaferro mayor
Presentado siempre como “primo” o “hombre de confianza” de El Aissami, López Bello es el rostro visible de la red de empresas fantasma que canalizaron pagos ilegales. Su testimonio es vital para rastrear el dinero y desenmascarar a los intermediarios que aún operan en el exilio. Detenido junto a El Aissami en 2024, su situación legal en Venezuela no lo protege de las pesquisas estadounidenses.
Walter Jacob Gavidia Flores: la conexión familiar
El hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Tesoro de EE.UU., representa la conexión entre el poder político y los negocios privados. Su participación en comisiones de contratos públicos y su relación con empresarios vinculados al régimen lo sitúan en una posición delicada. Para Washington, es una puerta de entrada a activos y a la trama de sociedades pantalla que crecieron al calor del programa de importaciones y del reparto discrecional de adjudicaciones.
Pedro Luis Martín-Olivares: el jefe de inteligencia
Al frente del Sebin, Martín-Olivares controló el aparato de represión y también, según las acusaciones, brindó cobertura a las operaciones de narcotráfico. Está imputado en EE.UU. por narcotráfico y sujeto a recompensas. Washington lo asocia a la cobertura institucional de rutas y a la protección de cargamentos. Su conocimiento de las rutas, los protectores y los métodos de ocultamiento es invaluable para la fiscalía.
Dos incógnitas más
La lista se completa con dos altos cargos cuyas identidades aún no han sido reveladas por el Departamento de Justicia. Esta decisión responde a una táctica de presión: mantener la incertidumbre entre la cúpula chavista que aún permanece en Caracas. Nadie sabe si será el turno de algún ministro en activo, de un militar de alto rango o de un empresario que hasta ahora colaboraba con la transición. Los dos nombres fantasma mantienen en vilo a toda una estructura de poder.
El frente paralelo: cooperación militar y gestos diplomáticos
Mientras se intensifica la presión judicial, también crece la cooperación en otros frentes. El jefe del Comando Sur de EE.UU., general Francis L. Donovan, se reunió recientemente en Caracas con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino para acordar una agenda conjunta contra el narcotráfico, el terrorismo y la gestión migratoria.
Este movimiento revela una estrategia dual: Washington tiende puentes en áreas estratégicas mientras aísla al núcleo duro del antiguo régimen. La cooperación militar avanza en paralelo a la presión judicial, creando un escenario donde la entrega chavistas se convierte en la pieza final para completar el rompecabezas.
En paralelo, se han producido gestos que algunos interpretan como señales de buena voluntad. El pasado 18 de febrero, las autoridades venezolanas liberaron a Roberto Baldo, un ciudadano argentino detenido desde noviembre de 2024 junto a su esposa. Baldo, propietario de una pizzería en Caracas, había sido acusado de terrorismo y permaneció recluido en el Centro Penitenciario Yare III, un lugar con graves denuncias de violaciones a derechos humanos. Su liberación, junto a la de Gustavo Gabriel Rivara, se produce en una semana marcada por intensas negociaciones diplomáticas y podría ser un gesto hacia la comunidad internacional mientras se discuten temas más sensibles.
El juicio que viene: Maduro y Cilia esperan en Nueva York
Mientras se negocia la suerte de estos nueve hombres, Nicolás Maduro y Cilia Flores esperan en una cárcel de Nueva York su próxima audiencia, reprogramada para el 26 de marzo a solicitud de la fiscalía, que necesita más tiempo para reunir pruebas. La acusación formal incluye cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
El documento judicial alega que ambos colaboraron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas para enviar “miles de toneladas de cocaína” a territorio estadounidense, utilizando rutas en el Caribe y Centroamérica. Según la fiscalía, actuaron bajo la estructura del Cártel de los Soles junto a altos funcionarios militares venezolanos durante más de 25 años.
El dilema de Delcy Rodríguez
La fuente consultada por ABC subraya que la lista no se presentó como un ultimátum, pero funciona como tal. Rodríguez, que aún no está imputada formalmente por EE.UU., recibe la lista como condición de normalización. A cambio, Washington ofrece reconocimiento a la misión diplomática en Caracas, desbloqueos selectivos, permisos de operación y una agenda energética.
El acuerdo, si se puede llamar así, se mide en actos verificables: interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado. Para los perfiles de mayor peso político, como el hijo de Maduro o los jerarcas del círculo íntimo, se contempla la figura de los traslados por razones de seguridad. Este mecanismo se presentaría como una medida excepcional para garantizar la integridad física de los señalados, transformando el traslado en una medida de “protección” que diluye la carga negativa de la captura.
Lo que está en juego para Venezuela
La entrega chavistas no implicaría solo justicia para las víctimas del narcotráfico y la corrupción. Representaría también un realineamiento geopolítico en América Latina y el fin simbólico de una era que marcó profundamente al continente. Para la sociedad venezolana, sería un paso hacia la verdad y la reparación. Para la comunidad internacional, una muestra de que la cooperación puede vencer a la impunidad.
La comunidad internacional observa con atención si Delcy Rodríguez dará el paso que podría significar el fin político definitivo de la vieja guardia chavista. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio oficial contrasta con los rumores de nuevas negociaciones. Los nombres de los dos jerarcas no revelados mantienen en vilo a una estructura de poder que durante años pareció intocable.
Lo que está claro es que la era del chavismo sin rendición de cuentas parece llegar a su fin. La justicia estadounidense, con sus métodos y sus intereses, ha logrado lo que durante años pareció imposible: poner contra las cuerdas a una cúpula que gobernó con mano de hierro y que hoy negocia su supervivencia desde la debilidad. El precio de la normalización ya está fijado. Ahora solo queda ver si Delcy Rodríguez está dispuesta a pagarlo.
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