El plan del Gobierno para frenar los SMS fraudulentos en España podría no entrar en vigor en la fecha prevista inicialmente. Aunque la medida estaba programada para comenzar el 7 de junio de 2026, un nuevo proyecto de orden plantea ampliar el plazo hasta mediados de septiembre, con el objetivo de evitar errores que afecten a comunicaciones legítimas.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, busca combatir las estafas de suplantación de identidad a través de mensajes de texto. El sistema obligará a los operadores a bloquear aquellos SMS enviados por entidades que no estén registradas previamente en una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), conocida como el registro de alias.
Sin embargo, la complejidad técnica del despliegue ha llevado a reconsiderar los plazos. Según el borrador de la nueva orden, los artículos clave que regulan el bloqueo de mensajes no entrarían en vigor hasta el 15 de septiembre de 2026.
El cambio responde, en parte, a las peticiones del sector. La patronal DigitalES, que agrupa a los principales operadores de telecomunicaciones, ha solicitado más tiempo para implementar el sistema de forma segura. Desde su perspectiva, la introducción de estos filtros supone un cambio estructural en el funcionamiento del canal SMS, lo que requiere pruebas exhaustivas para evitar fallos.
Uno de los principales temores es el bloqueo accidental de mensajes legítimos. Empresas, administraciones y servicios esenciales utilizan SMS para enviar notificaciones importantes, como códigos de verificación o avisos urgentes. Un error en el sistema podría impedir que estos mensajes lleguen a los usuarios, generando problemas tanto para las entidades emisoras como para los ciudadanos.
El propio texto del proyecto de orden reconoce esta “extraordinaria complejidad” técnica y operativa. Por ello, justifica la prórroga como una medida necesaria para garantizar que el sistema funcione correctamente desde el primer día, minimizando riesgos e incidencias.
Por ahora, el cambio de fecha no es definitivo. El proyecto se encuentra en fase de tramitación y estará abierto hasta el 13 de mayo de 2026. Será entonces cuando se determine si el retraso se confirma oficialmente.
