Un contingente del Buró Federal de Investigaciones ya opera en territorio cubano para esclarecer el sangriento suceso del pasado febrero, cuando una embarcación proveniente de Florida protagonizó un cruento tiroteo con fuerzas de la isla que dejó cinco fallecidos y varios heridos.
La presencia de funcionarios estadounidenses sobre suelo cubano se da en uno de los momentos más crispados de la relación bilateral, marcado por desencuentros políticos y estratégicos entre Washington y La Habana.
De acuerdo con fuentes oficiales, los investigadores llegaron a La Habana con la misión de realizar un examen “autónomo y exhaustivo” de los hechos del 25 de febrero, cuando una lancha con diez ocupantes fue interceptada por tropas guardacostas cubanas.
Relatos opuestos sobre el enfrentamiento
El gobierno de la isla asegura que los tripulantes, descritos como cubanos domiciliados en EE.UU., efectuaron disparos contra los agentes tras ser requeridos para identificarse, lo que generó una respuesta armada.
Como consecuencia, cuatro de los ocupantes fallecieron en el lugar y otros seis resultaron heridos, entre ellos un militar cubano. Más tarde, uno de los lesionados murió en el hospital, elevando a cinco el número de muertos.
Las autoridades insulares anunciaron que hallaron en la embarcación un arsenal compuesto por fusiles de asalto, pistolas, miles de cartuchos, chalecos antibalas y artefactos incendiarios, lo que llevó al presidente Miguel Díaz-Canel a calificar el episodio como una tentativa de infiltración armada con fines desestabilizadores.
Por su lado, funcionarios norteamericanos afirmaron que al menos uno de los fallecidos y uno de los supervivientes poseían pasaporte estadounidense, aunque La Habana considera a todos los nacidos en la isla como cubanos, sin reconocer la doble nacionalidad.
Pesquisa independiente y fricción diplomática
Desde Washington, altos funcionarios han recalcado que no se limitarán a la versión brindada por el gobierno cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la necesidad de verificar los hechos de manera autónoma para establecer responsabilidades.
Los cinco supervivientes del incidente enfrentan acusaciones de terrorismo en Cuba, un proceso que ha generado preocupación en sectores políticos de EE.UU., especialmente por la posible participación de ciudadanos estadounidenses.
La autorización para que el FBI entrara al país fue anunciada previamente por Díaz-Canel como una muestra de cooperación, en un intento por aclarar lo ocurrido a pesar del clima de desconfianza entre ambos gobiernos.
El suceso se produce en un contexto de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump hacia Cuba, incluyendo sanciones económicas y exigencias de reformas políticas, lo que ha deteriorado aún más la relación bilateral.
Analistas estiman que el resultado de esta pesquisa podría tener implicaciones diplomáticas significativas, especialmente si se confirma la participación de ciudadanos estadounidenses o si surgen divergencias sustanciales entre las versiones de ambos países.
Mientras tanto, el caso revive episodios históricos de incursiones armadas desde el sur de Florida hacia Cuba, una práctica que fue más frecuente durante las décadas posteriores a la revolución de 1959 y que ahora vuelve a generar tensión en una relación ya de por sí frágil.
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