El 28 de febrero, cuando Israel desató la ofensiva contra Irán que abrió el nuevo capítulo bélico en Medio Oriente, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró al país que actuaba para “erradicar la amenaza existencial que representa el régimen de terror en Irán”.
Israel Katz, titular de Defensa, calificó la operación como “preventiva”. Estas dos expresiones —amenaza existencial y ataque preventivo— forman parte del núcleo de la doctrina de seguridad israelí y han sido esgrimidas por sus dirigentes en múltiples guerras con los vecinos.
Jerusalén considera que su fuerza armada está legitimada para golpear a quienes percibe como riesgo para su supervivencia, incluso antes de que esos actores hayan abierto fuego contra Israel.
Ha recurrido a esa lógica en numerosas ocasiones, lo que ha despertado críticas y pronunciamientos de condena en Naciones Unidas y otros foros internacionales.
En esta ocasión, Netanyahu justificó la Operación León Rugiente —lanzada por el ejército israelí con respaldo estadounidense— aduciendo el peligro de un Irán con cabezas nucleares.
Según el primer ministro, si Israel no actuaba tendría enfrente a “un Irán nuclear, con decenas de miles de misiles balísticos, que busca destruirnos y sería inmune a nuestras contramedidas”.
El gobierno israelí lleva años sosteniendo que Teherán aspira a poseer armamento atómico, algo inaceptable en opinión de Jerusalén, dado que Irán no reconoce al Estado de Israel y profesa lemas como “muerte a Israel”.
Irán alega que su programa nuclear siempre ha sido pacífico y denuncia que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel se desató mientras negociaba con Washington un eventual control internacional.
Israel decidió golpear primero y sus acciones han generado gran polémica por las dudas sobre su legalidad y por el sufrimiento causado a la población civil.
¿Dónde nace la idea de que Israel puede atacar primero? ¿Qué dice el derecho internacional?
Un Estado nuevo rodeado de adversarios
Creado en 1948 sobre territorio poblado por palestinos y rodeado de países árabes que no lo reconocían, Israel ha tenido desde su nacimiento la seguridad como obsesión central.
Enclavado en una franja que, según sus vecinos, no le pertenecía, su historia ha estado marcada por la guerra y por relaciones tensas con la región.
Ya David Ben-Gurión, fundador del país y primer presidente del gobierno, sentó las bases de una doctrina de seguridad que establecía la necesidad de adelantarse a los potenciales enemigos regionales.
Según un artículo de Gabi Siboni y Erez Winner del Israel Center for Grand Strategy, “la falta de profundidad estratégica obligaba a Israel a no dejarse sorprender. Por eso el desarrollo de capacidades avanzadas de inteligencia era crítico para detectar las intenciones enemigas y preparar una respuesta inmediata”.
La idea de esa “falta de profundidad estratégica” partía de la convicción de que, al tener población y territorio reducidos y recursos escasos, una derrota militar podría acarrear la desaparición del Estado.
“La doctrina subrayaba la necesidad de derrotar al enemigo de forma decisiva y rápida, idealmente llevando el campo de batalla a su territorio cuanto antes”, apuntan Siboni y Winner, ambos militares israelíes.
Esos principios marcaron la forma en que el ejército israelí combatió en distintas guerras a vecinos árabes que primero intentaron impedir la creación del Estado y luego derrotarlo.
En 1967, las Fuerzas de Defensa de Israel protagonizaron uno de sus ataques preventivos más recordados al destruir las tropas que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había desplegado en la frontera.
Aunque El Cairo no había abierto fuego, el gobierno israelí defendió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su acción era legal porque respondía a una amenaza “instantánea y abrumadora”.
Así comenzó la Guerra de los Seis Días, en la que Israel derrotó a la coalición egipcia, siria, jordana e iraquí y arrebató amplios territorios.
Al ocupar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y Jerusalén Este, Israel aumentó su “profundidad estratégica”, aunque eso no puso fin a sus ataques preventivos.
Israel mantiene el control de todos esos territorios, excepto el Sinaí, pese a que la ONU los considera ocupados y la comunidad internacional reclama el fin de la ocupación.
Aunque la Corte Internacional de Justicia concluyó que la ocupación de Cisjordania es ilegal y que Israel debe detener la construcción de asentamientos, el ejecutivo de Netanyahu ha incrementado los asentamientos, priorizando su propio criterio sobre la ley internacional.
De Osirak a la doctrina Begin
El primer ministro Menájem Begin (1977-1983) amplió el alcance de la doctrina al ordenar en 1981 el bombardeo del reactor nuclear iraquí Osirak.
Irak no había desarrollado armas nucleares y los críticos sostuvieron que no representaba una amenaza inminente comparable a la concentración de fuerzas egipcias de 1967.
El Consejo de Seguridad condenó la incursión como “violación clara de la Carta de la ONU”.
Sin embargo, el comunicado israelí afirmó: “Bajo ninguna circunstancia permitiremos que un enemigo desarrolle armas de destrucción masiva contra el pueblo de Israel. Defenderemos a los ciudadanos de Israel a tiempo y con todos los medios”.
Así nació la doctrina Begin, que reserva a Israel el derecho de atacar a quienes intenten dotarse de armamento nuclear, aunque no hayan abierto hostilidades.
El premier Ehud Olmert aplicó la misma lógica en 2007 al atacar la central nuclear siria Deir ez Zor, aunque esta vez fue una operación encubierta que Israel no reconoció hasta años después.
Desde entonces, Israel ha multiplicado los ataques en Siria y Líbano contra objetivos de Hezbolá, supuestamente armados por Irán, dejando claro que actuará no solo contra intenciones, sino también contra capacidades.
En las dos últimas ofensivas contra Irán, Israel ha esgrimido como meta evitar que Teherán se dote de armas nucleares, reeditando la doctrina de la amenaza existencial, un principio polémico y, para muchos, incompatible con el derecho internacional.
Doctrina israelí vs. derecho internacional
Numerosos expertos han cuestionado la legalidad de la guerra actual.
Muchos recuerdan que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.
Otros concluyen que el cambio de régimen —que Netanyahu y el presidente Donald Trump han planteado como objetivo— no está reconocido por el derecho internacional como causa legítima de uso de la fuerza.
Marko Milanovic, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Reading, dice a BBC Mundo: “Israel tiene motivos para preocuparse por un Irán nuclear, pero muchos otros Estados también”.
“Desde el punto de vista legal, solo se puede usar la fuerza si lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que no ha ocurrido”, subraya.
Tampoco ocurrió en anteriores ataques “preventivos” israelíes.
Las invasiones de Líbano de 1978 y 1982, con el objetivo de destruir bases de la OLP, fueron condenadas por el Consejo de Seguridad.
Hoy, obtener una resolución favorable no parece prioridad para Israel ni para Estados Unidos.
Ambos sostienen que Irán era una amenaza inminente que legitima el uso de la fuerza.
Aunque la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza sin autorización, el artículo 51 reconoce “el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro, hasta que el Consejo tome medidas”.
La mayoría de expertos interpreta que esta excepción se extiende a la llamada Fórmula Caroline, que permite la “legítima defensa anticipatoria” ante una amenaza “instantánea, abrumadora y sin margen de deliberación”.
Aunque Irán no había atacado directamente a Israel justo antes de la guerra, algunos abogados consideran que la acción israelí encaja en ese supuesto.
Nicholas Tsagourias, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Sheffield, apunta: “Es sabido que líderes iraníes han expresado hostilidad hacia Israel, llamando incluso a su eliminación, y que Israel ha sido blanco de ataques atribuidos a Irán y sus aliados”.
“Irán no ha renunciado a esas políticas y lemas como ‘muerte a Israel’ forman parte de la retórica oficial”, añade.
“Sumado a los esfuerzos iraníes por desarrollar misiles y capacidades nucleares, podría sostenerse que el riesgo de un ataque armado es real e inminente y que una acción en defensa propia estaría justificada para neutralizar la amenaza antes de que sea irreversible”.
Sin embargo, Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico.
Las tesis de Tsagourias no convencen a Milanovic.
“Un ataque inminente sería uno que ocurriría en horas, días o semanas, e incluso si Irán hubiera decidido atacar con armas nucleares, no estaba cerca de poder hacerlo”, sostiene.
Para él, ni siquiera un Irán nuclear haría legal el uso de la fuerza.
“Rusia, Estados Unidos o China pueden destruirse mutuamente en horas, pero eso no hace legal que cualquiera de ellos inicie una guerra invocando legítima defensa”.
Por añadidura, aunque Israel nunca lo ha admitido oficialmente, es un secreto a voces que posee armas nucleares; de hecho, se cree que es el único Estado de Medio Oriente que las tiene.
El gobierno israelí ha rechazado acusaciones de violar el derecho internacional por la expansión de asentamientos en Cisjordania o por el sufrimiento civil en Gaza tras la guerra contra Hamás desde el 7 de octubre de 2023.
Cuando una comisión independiente de la ONU concluyó en septiembre pasado que Israel cometía genocidio en Gaza, el ejecutivo calificó el informe de “distorsionado y falso”.
Y tras la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza, Netanyahu declaró: “Nadie nos detendrá. Ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie”.
No está claro cómo se resolverá el debate jurídico ni si llegará a resolverse.
La respuesta iraní —ataques contra ciudades vecinas y buques en el estrecho de Ormuz— tampoco encaja bien con el derecho internacional.
Pero la última guerra en Medio Oriente ha dejado claro, una vez más, que Israel se considera con derecho a golpear primero y no dejará de hacerlo por lo que digan terceros.
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